Es una de las primeras preguntas que se hace cualquiera que piensa en acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, y es lógico: si no puedes pagar tus deudas, ¿de dónde vas a sacar el dinero para pagar un abogado? Es una preocupación razonable y voy a responderla con total transparencia. En este artículo te explico cuánto cuesta realmente acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad en 2026, qué incluye ese precio, por qué hay tanta diferencia entre unos despachos y otros, si existe la opción gratuita, y por qué, al final, el coste importa mucho menos de lo que ahora mismo te parece.
El rango de precios en 2026: seamos claros.
Los honorarios de un abogado especializado en Segunda Oportunidad en España se mueven, en 2026, en una horquilla que va aproximadamente de los 2.500 a los 5.000 euros, dependiendo de la complejidad del caso. A eso hay que sumar, en algunos casos, los honorarios del procurador (unos cientos de euros) y, si tienes vivienda, el coste de la tasación pericial del inmueble. En total, un procedimiento estándar suele situarse entre los 3.000 y los 5.000 euros.
¿Por qué hay tanta diferencia? Porque no todos los casos son iguales. Un concurso sin masa (cuando no hay bienes que liquidar) es más sencillo y rápido, y por tanto más económico. Un procedimiento con vivienda y plan de pagos a cinco años implica mucho más trabajo: negociación, calendario de pagos, defensa ante el juez, y por tanto un honorario mayor. El precio justo es el que se corresponde con el trabajo real que requiere tu caso concreto.
Cuidado con el «low cost»: lo barato puede salir muy caro.
En internet verás anuncios de «cancela tus deudas desde 50 euros al mes» sin un precio final cerrado. Desconfía. Detrás de muchas de esas ofertas hay costes ocultos que aparecen a mitad del procedimiento, o son grandes fábricas de expedientes que tramitan miles de casos en cadena, sin que sepas quién lleva el tuyo ni puedas hablar con el abogado que firma tu solicitud.
El problema de tratar la Segunda Oportunidad como un producto en cadena es que cada caso tiene particularidades que requieren criterio jurídico. Una deuda mal clasificada, un acreedor no identificado, un plazo mal calculado pueden costar la exoneración. Y cuando eso ocurre en una fábrica de expedientes, no hay nadie que dé la cara. Por eso, más importante que buscar el precio más bajo es buscar transparencia y trato directo con el abogado que va a llevar tu caso.
Qué incluye (y qué debería incluir) el precio
Un presupuesto serio debe incluir, sin costes sorpresa, todo el trabajo del procedimiento: el estudio inicial de viabilidad, la recopilación y preparación de toda la documentación, la redacción y presentación de la solicitud de concurso, la representación durante todo el procedimiento judicial, la gestión de los incidentes que puedan surgir (oposiciones de acreedores, por ejemplo), y la solicitud de la exoneración. Antes de contratar a nadie, pide un presupuesto cerrado por escrito que detalle qué incluye y qué no. Si no te lo dan, es una mala señal.
«¿Y cómo pago si precisamente no tengo dinero?»
Es la pregunta más razonable del mundo, y tiene respuesta. Ningún despacho serio te va a exigir el pago íntegro por adelantado, porque eso dejaría fuera precisamente a quien más necesita el procedimiento. Lo habitual es fraccionar el pago: una entrada moderada al inicio y cuotas mensuales repartidas a lo largo de los meses que dura el procedimiento. La idea es que el coste no caiga de golpe sobre una economía que ya está tensionada, sino que se distribuya de forma asumible.
Esto tiene toda la lógica: durante el procedimiento, los embargos se paralizan y dejas de pagar las deudas que vas a cancelar, lo que libera capacidad económica para afrontar las cuotas del procedimiento. En la práctica, muchas personas descubren que pueden pagar el procedimiento precisamente porque han dejado de pagar las deudas impagables.
¿Existe la Segunda Oportunidad gratis? La verdad sobre la justicia gratuita
Sí, existe una opción gratuita, y es justo explicarla con honestidad. Si tus ingresos son muy bajos, tienes derecho a la asistencia jurídica gratuita regulada en la Ley 1/1996. Si te la conceden, el Estado cubre los honorarios del abogado y del procurador, y el procedimiento no te cuesta nada. Para una persona sola, en líneas generales, los ingresos no deben superar aproximadamente el doble del IPREM. La solicitud se presenta ante el Colegio de la Abogacía de tu provincia.
Ahora bien, hay que ser honesto sobre lo que implica. La justicia gratuita te asigna un abogado del turno de oficio, que es generalista y puede no estar especializado en derecho concursal ni en Segunda Oportunidad. Los procedimientos llevados por profesionales sin experiencia concursal específica tienden a tardar más, a tener más incidencias y, en algunos casos, a no conseguir la exoneración que un especialista sí habría logrado. No digo esto para desanimarte de la justicia gratuita: si cumples los requisitos económicos y no puedes pagar, es un derecho que debes ejercer. Lo digo para que tomes la decisión con toda la información.
Importante: las personas físicas están exentas del pago de tasas judiciales en los procedimientos concursales. Es decir, al Tribunal no le pagas nada. Los únicos costes son el de los profesionales que te asisten y el de incripción del concurso en registro de la propiedad para el caso de la vivienda y el registro de bienes muebles para el caso de vehículos.
La pregunta que de verdad importa: ¿es rentable?
Aquí está la clave que cambia toda la perspectiva. Cuando dejas de ver el coste del procedimiento como un gasto y empiezas a verlo como una inversión, los números hablan solos. Pagar entre 3.000 y 5.000 euros para cancelar de forma definitiva una deuda de 50.000, 80.000 o 150.000 euros es una rentabilidad que ninguna inversión financiera te va a ofrecer jamás. Estás cambiando una deuda impagable e infinita, que crece cada mes con intereses y que te embarga la nómina o la pensión, por un coste fijo, cerrado y asumible que pone fin al problema para siempre.
He tramitado casos en Murcia en los que se han cancelado 82.000 euros, 95.000 euros, 250.000 euros … Piensa en lo que significa para esas personas haber recuperado su nómina íntegra, su pensión, su tranquilidad, su capacidad de volver a empezar. El coste del procedimiento, en comparación con eso, es una de las mejores decisiones económicas que pueden tomar. Puedes ver estos casos reales con detalle en la página correspondiente.
Mi forma de trabajar: trato directo y presupuesto claro
Te hablo de cómo trabajo yo, para que sepas qué puedes esperar. Soy yo quien lleva tu caso de principio a fin, el abogado que estudia tu caso, que prepara tu expediente, que firma tu solicitud y que te representa ante el juez, no tengo un equipo rotativo ni un comercial. Cuando me llamas, hablas con quien lleva tu caso. Antes de que pagues nada, hago un estudio de tu situación y te entrego un presupuesto cerrado, sin sorpresas, adaptado a la complejidad e importe de tu deuda.
Más de treinta años de ejercicio me han enseñado que la confianza se gana con transparencia, no con anuncios de precios imposibles. El coste de la Ley de la Segunda Oportunidad es asumible, fraccionable, y en muchos casos la mejor inversión que harás para recuperar tu vida. Si quieres saber cuánto costaría exactamente en tu caso, te lo digo sin compromiso. Y si quieres entender antes el procedimiento completo, lo explico en la página de cómo funciona.
¿Quieres saber cuánto costaría exactamente en tu caso?
Te entrego un presupuesto cerrado, sin sorpresas y adaptado a tu situación. Y si puedes acceder a la justicia gratuita, te lo digo con honestidad.