Algo insólito está ocurriendo en los juzgados españoles. Varios jueces de lo mercantil han decidido apartarse de la doctrina que el Tribunal Supremo fijó en febrero de 2026 sobre la cancelación de deudas públicas en la Ley de Segunda Oportunidad. No lo hacen por capricho ni por rebeldía: lo hacen porque consideran que el derecho europeo prevalece sobre la ley española y que la doctrina del Supremo se queda corta. Si tienes deudas con Hacienda o la Seguridad Social, lo que está pasando en los juzgados puede terminar beneficiándote directamente.
Te explico qué está ocurriendo, por qué importa, y qué significa para tu situación concreta. Sin tecnicismos innecesarios, pero sin simplificar lo que no se puede simplificar.
Un paso atrás: qué decidió el Tribunal Supremo en febrero de 2026
En febrero de 2026, la Sala Primera del Tribunal Supremo dictó seis sentencias (STS 259/2026 a 264/2026, todas del 18 de febrero) que fijaron doctrina sobre cómo se cancela la deuda pública en la Ley de Segunda Oportunidad. Como expliqué en el artículo sobre las novedades del Supremo en materia de deuda pública, estas sentencias fueron un avance importante: establecieron que los recargos e intereses se cancelan al 100%, que el límite de 10.000 euros se aplica por cada acreedor público, y que la derivación de responsabilidad ya no bloquea automáticamente el acceso a la exoneración.
Pero esas mismas sentencias introdujeron también una exigencia que ha generado polémica: obligan al deudor a identificar correctamente todas y cada una de las deudas y acreedores que pretende que le sean exonerados. Si una deuda no se comunica expresamente, no se cancela. Y el juez debe verificar de oficio que se cumplen todos los requisitos.
Para un autónomo que cerró su negocio hace años y arrastra deudas dispersas con múltiples acreedores, localizar cada deuda, cada recargo, cada sanción y cada interés acumulado es una tarea formidable. Si se le escapa una, esa deuda queda viva. Varios jueces consideran que esta exigencia es desproporcionada y contraria al espíritu de la norma europea.
Qué dicen los jueces que se apartan del Supremo
Varios juzgados de lo mercantil (entre ellos, órganos de Madrid, Barcelona y Alicante que ya venían planteando cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) han dictado resoluciones en las que aplican directamente el derecho comunitario por encima de la doctrina del Tribunal Supremo. Su argumento central es el siguiente: la Directiva europea de 2019 sobre marcos de reestructuración y exoneración de deudas exige que la segunda oportunidad sea real y efectiva, y que las restricciones a la exoneración estén debidamente justificadas y sean proporcionadas.
Para estos jueces, exigir al deudor que identifique absolutamente todas las deudas como condición para la exoneración no es proporcionado. Un deudor en insolvencia, que puede llevar años sin recibir comunicaciones de algunos acreedores, que ha cambiado de domicilio, que ha tenido deudas vendidas a fondos buitre que ni siquiera sabe que existen, no siempre puede localizar cada céntimo que debe. Castigarle dejando viva la deuda que no identificó no es compatible con una segunda oportunidad real.
Estos jueces se apoyan en la jurisprudencia del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que el TJUE dejó claro que los Estados miembros pueden excluir ciertos créditos de la exoneración, pero que esa exclusión no puede vaciar de contenido el mecanismo de segunda oportunidad.
¿Es legal que un juez se aparte del Tribunal Supremo?
Esta es una pregunta que muchas personas se hacen. En principio, la jurisprudencia del Tribunal Supremo es de obligado seguimiento por los tribunales inferiores. Pero hay una excepción fundamental: cuando el derecho de la Unión Europea es aplicable, los jueces nacionales tienen la obligación de inaplicar la norma interna (o la interpretación del Supremo) si la consideran contraria al derecho comunitario. Esto no es una teoría: es un principio consolidado del derecho europeo desde hace décadas, conocido como «primacía del derecho de la Unión».
En la práctica, lo que están haciendo estos jueces es decir: «La doctrina del Supremo mejora lo que había antes, pero sigue sin cumplir con lo que exige Europa. Y cuando la ley española entra en conflicto con la Directiva europea, prevalece Europa.» No es una rebelión. Es la aplicación de un principio jurídico básico de la Unión Europea.
Qué significa esto para ti si tienes deudas públicas
Significa que, dependiendo de ante qué juzgado se tramite tu procedimiento, las posibilidades de cancelar deuda pública pueden ser mayores de lo que establece la doctrina del Supremo. Hay juzgados que están cancelando deuda pública por encima del límite de los 10.000 euros cuando consideran que mantener ese límite condena al deudor a una situación de la que nunca podrá salir.
Esto no quiere decir que exista un derecho automático a cancelar toda la deuda pública. Cada caso se analiza individualmente. Lo que sí quiere decir es que, si tu deuda pública es elevada y la aplicación estricta del límite te dejaría en una situación de insolvencia permanente, hay argumentos jurídicos sólidos —basados en el derecho europeo— para pedir una exoneración mayor. Y hay jueces que están aceptando esos argumentos.
Lo que no ha cambiado: la importancia de preparar bien el expediente
En un escenario en el que la doctrina está en movimiento y los criterios varían entre juzgados, la preparación del expediente es más importante que nunca. El Tribunal Supremo exige identificar todas las deudas. Los jueces que se apartan del Supremo pueden ser más flexibles, pero igualmente valoran que el deudor haya actuado con diligencia y buena fe.
Esto significa que la fase de recopilación documental y estudio de viabilidad es absolutamente crítica. Hay que localizar todas las deudas posibles (informe de CIRBE, certificados de Hacienda y Seguridad Social, consulta de ficheros de morosidad, revisión de notificaciones de apremio), clasificar cada crédito según su naturaleza (privilegiado, ordinario, subordinado), calcular qué parte es exonerable con los criterios del Supremo, y argumentar por qué una exoneración mayor está justificada si el caso lo requiere. Lo explico con más detalle en la página de cómo funciona el procedimiento.
El contexto completo: lo que ya se puede cancelar con seguridad
Para que el panorama quede claro, recapitulemos lo que ya es doctrina firme del Tribunal Supremo (y que aplican todos los juzgados sin discusión). Las deudas privadas (préstamos, tarjetas, proveedores, avales, microcréditos) se cancelan al 100%. Los recargos e intereses de demora de la deuda pública se cancelan al 100% sin computar en el límite. El límite de 10.000 euros se aplica por cada acreedor público de forma independiente. La derivación de responsabilidad tributaria solo bloquea la exoneración de deudas si hubo fraude acreditado.
Lo que está en disputa es si ese límite de 10.000 euros por acreedor puede superarse cuando su aplicación impide una segunda oportunidad real. Ahí es donde los jueces que aplican el derecho europeo van más lejos que el Supremo. Y ahí es donde la estrategia jurídica de cada caso cobra una importancia decisiva. Si quieres ver resultados concretos de procedimientos ya resueltos, puedes consultar la página de casos reales.
Un panorama en evolución que te beneficia
Lo que está ocurriendo en los juzgados es una buena noticia para cualquier persona con deudas que no puede pagar. Tanto la doctrina del Supremo como la posición de los jueces que van más allá apuntan en la misma dirección: ampliar las posibilidades de cancelación de deuda pública y hacer que la segunda oportunidad sea real, no teórica.
Es probable que en los próximos meses el Tribunal Supremo vuelva a pronunciarse para responder a esta divergencia. Si lo hace en la línea del derecho europeo, las posibilidades de exoneración se ampliarán aún más. Si no, la presión del TJUE seguirá empujando a los jueces de instancia a aplicar directamente la Directiva.
En cualquier caso, hoy las condiciones para cancelar deudas son mejores que hace un año. Y con cada sentencia que se dicta, el sistema se acerca más a lo que Europa lleva años exigiendo: que una persona que no puede pagar y que ha actuado de buena fe pueda empezar de cero de verdad, sin que una deuda pública le condene de por vida. Si tienes dudas sobre si tu caso cumple los requisitos, respondo a las preguntas más habituales en la página de preguntas frecuentes.
Lo que necesitas es que alguien analice tu situación con la doctrina más actualizada y te diga, con honestidad, cuánta deuda se puede cancelar en tu caso concreto y qué argumentos jurídicos son aplicables. Si es viable, te explico la estrategia. Si no lo es, te lo digo con la misma claridad.
¿Tienes deuda pública que pensabas que no se podía cancelar?
Las reglas están cambiando a tu favor. Analizo tu caso con la doctrina más reciente – la del Supremo y la de los juzgados que van más allá – y te digo cuánta deuda puedes cancelar.